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Ignacio Walker: “La fórmula de gratuidad para 2016 es contraria al espíritu y al programa de gobierno”

Senador DC y miembro de la Comisión de Educación propone distribuir el mismo presupuesto entre alumnos vulnerables del sistema que estén en planteles acreditados.

El inicio de la gratuidad en 2016 y los lineamientos de la reforma a la educación no concentran una opinión única y favorable dentro de la Nueva Mayoría. Una muestra de ello son las críticas que ha hecho el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, quien manifestó su rechazo al sistema que postula financiar la demanda a la oferta, cambiando la relación económica de las instituciones que, en ese nuevo escenario, se entenderán con el Estado y no con los estudiantes. Además, estima que partir la gratuidad en 2016 dando cobertura sólo a quienes estudian en universidades del Consejo de Rectores e institutos profesionales y centros de formación técnica, acreditados y sin fines de lucro, escapa del sentido basal del programa de gobierno.

“La fórmula de gratuidad para el 2016 es contraria al espíritu y al programa de gobierno de la Nueva Mayoría y de la presidenta Bachelet. El corazón del compromiso con la ciudadanía se basa en el concepto de equidad y de inclusión, y lo que se está proponiendo como fórmula de gratuidad para el próximo año atenta contra la equidad, contra el espíritu y la letra del programa de gobierno. En el capítulo correspondiente a reforma educacional, en la página 20, señala textualmente que las garantías en materia de educación superior ‘darán un trato preferente a los y las estudiantes de menores ingresos’ y la fórmula que se está proponiendo para el 2016 es exactamente al revés. Es decir, da un trato preferente a los y las estudiantes de mayores ingresos, por lo tanto es una fórmula regresiva.

¿Por qué regresiva?

Porque evidentemente todas las cifras demuestran que los alumnos de los sectores medios y altos tienen mayor propensión a elegir a las universidades del Consejo de Rectores, mientras que los alumnos de los sectores medios y bajos tienen mayor propensión a las instituciones  que están fuera del Cruch. Por lo tanto, se les estaría discriminando arbitrariamente, se estaría haciendo un ajuste sin equidad, perjudicando a los estudiantes vulnerables por el hecho de no estar en instituciones del Cruch.

¿Y qué debiera hacer el gobierno?

Lo que yo propongo es que los 430 millones de dólares -que sería el costo adicional de este mayor esfuerzo de gratuidad para el 2016- se reparta equitativamente atendiendo exclusivamente al criterio de vulnerabilidad, ya sea que los alumnos estén dentro del Consejo de Rectores. Planteo que estos recursos se distribuyan equitativamente entre los alumnos vulnerables, poniendo como requisito que se trate de instituciones acreditadas.

El Mineduc ha dicho que aún si estuvieran los recursos hay un problema con el marco regulatorio…

Lo que dice Francisco Martínez – jefe de la División de educación Superior del Mineduc- refleja que lo que ha propuesto el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, es muy sensato y pertinente, que es decir: ‘mire antes de tomar estas decisiones definamos el marco regulatorio de la educación superior’, que es un proyecto que el gobierno va a enviar en los próximos meses. Pero yo digo y añado que mientras no tengamos ese marco regulador no podemos castigar a los alumnos  de instituciones como CFT e IP que, jugando con las reglas actuales, están constituidos como sociedades comerciales, porque eso es legal y por lo tanto no podemos castigar a los alumnos por la situación jurídica de las instituciones.

¿Es partidario de un cambio en la ley para que los IP y CFT sin fines de lucro puedan dejar de ser sociedades?

Evidentemente que hay que darle la oportunidad a las instituciones que así lo desean, para poder cambiar su naturaleza jurídica y dejar la discusión de fondo para el nuevo proyecto sobre educación superior.

El senador Jaime Quintana dijo que usted defiende el actual sistema de ‘voucher’ al criticar la propuesta de reforma a la educación superior en materia de oferta y demanda.

Discrepo absolutamente de lo que ha dicho el jefe de la División de Educación Superior en cuanto a que ‘la relación entre el estudiante y la institución es reemplazada por el Estado y la institución’, porque no podemos prescindir de un millón 100 mil alumnos que son el corazón de la educación superior. Eso no está en el programa y es muy dudoso conceptualmente. Trenzarnos en una disputa ideológica entre oferta y demanda sería un tremendo error que sólo va a tensionar a la Nueva Mayoría y a quienes giran en torno a la educación.

¿Pero ese tema fue conversado al interior de la Nueva Mayoría?

Eso sería un error conceptual, nunca ha sido planteado así, ni en el programa ni en ninguna discusión al interior de la Nueva Mayoría.

¿Cree usted que se la reforma a la educación superior vulnera la autonomía de las instituciones como han dicho algunos rectores?

El nuevo sistema de educación superior tiene que alejarse de cualquier dirigismo gubernamental y respetar plenamente la autonomía de las instituciones. Seamos francos, hay sectores en el Mineduc que tienen un sesgo pro Estado y anti privados en una perspectiva no de políticas públicas sino netamente ideológicas, y yo no voy a aceptar ni permitir que ese prejuicio ideológico de algunos contamine la nueva institucionalidad.

¿Qué opina de  lo que ha pasado con el proyecto de carrera docente?

Lamento profundamente lo que ha ocurrido, porque no hemos reunido la mayoría que sí tenemos en la Comisión de Educación para aprobar el proyecto que, tal vez, sea el más emblemático del gobierno de la Presidenta Bachelet. Adicionalmente, esta división ha sido el regocijo de los sectores más radicalizados, ultra minoritarios, de acuerdo al propio presidente del Colegio de Profesores, que lo único que han intentado hacer es polarizar y tensionar esta división.

¿Es el primer fracaso de Eyzaguirre en la Segpres?

Yo no quiero personalizar ni dramatizar. Prefiero que saquemos las lecciones y entendamos que en este segundo tiempo se requiere de mucha capacidad política y sectorial para con los partidos y las bancadas, de forma tal que no se desestabilice esta mesa de tres patas, que es la relación parlamento, gobierno y partidos.

 

Fuente: La Tercera.

 

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