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La “glosa escondida” que usó el gobierno para evitar pagarles millonaria subvención a los colegios

En un párrafo difícil de detectar (a pie de página) del proyecto de ley de presupuesto del próximo año, el Ministerio de Educación informó que se congela la subvención para 2,7 millones de estudiantes del país. Para el abogado de LyD, Francisco López, dicha medida “podría vulnerar garantías constitucionales, en especial la que protege el derecho a la propiedad”.

Como una aguja en un pajar hay que buscar la información del Ministerio de Educación que congela los recursos para los colegios subvencionados durante 2018, y que generó una importante crisis política para el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet tras el rechazo transversal de parlamentarios desde el Partido Comunista a la UDI.

La medida, que le “torcía la nariz” a la llamada Ley de Inclusión del gobierno, cobraba vida en una “glosa”, que aparece en el programa de “subvenciones a los establecimientos educacionales” de la Subsecretaría de Educación, publicado en el intrincado sitio de la Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de Hacienda.

Al igual que en la gratuidad en educación superior, el Ejecutivo recurrió al mismo mecanismo de la glosa, que ha sido ampliamente criticada. Las glosas acotan o precisan un gasto. Por ejemplo, una glosa puede establecer el máximo de funcionarios contratados para una determinada función que tiene asignado un gasto, y muchas de las discusiones y acuerdo parlamentarios durante el Presupuesto quedan plasmados en las glosas, que más tarde tienen el mismo carácter de una ley.

Qué dice la glosa usada para congelar los aportes a los colegios

La glosa ocupada en este caso, la número ocho, señala que “sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley N° 20.845, el valor unitario mensual por alumno del Aporte por Gratuidad a que se refiere el artículo 49 bis, del decreto con fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, será de 0,35 unidades de subvención educacional durante el año 2018”.

Con ello se establece que el monto de la subvención se mantendrá en $8.393 actuales y no se subirá a los $10.791  que establece precisamente la ley de inclusión impulsada por Bachelet y aprobada en el Congreso. Esa medida afecta a 2,7 millones de alumnos de colegios subvencionados y municipales, con un costo de $80 mil millones.

En la citada glosa se agrega que “el Ministerio de Educación deberá enviar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un listado que contenga la individualización de los establecimientos educacionales que se encuentran percibiendo el Aporte por Gratuidad, el número de estudiantes beneficiados y de aquellos establecimientos que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley N° 20.845, hayan solicitado percibirlo”.

Abogado: “La medida del Gobierno podría vulnerar garantías constitucionales”

El abogado de Libertad y Desarrollo, Francisco López, quien fue parte del equipo de profesionales que descubrió la polémica glosa, asegura a este diario que el Gobierno utiliza la ley de presupuesto para modificar las condiciones que se establecieron al momento de aprobarse la ley de inclusión, y que tuvieron a la vista los colegios que optaron dejar de cobrar un copago a los apoderados para acogerse a la gratuidad.

La medida podría vulnerar garantías constitucionales, en especial la que protege el derecho a la propiedad, ya que se afectan derechos adquiridos por el artículo vigésimo cuarto de la ley 20.845”, plantea López.

A su juicio, el gobierno decidió priorizar otras iniciativas como la gratuidad de la educación superior, dejando de cumplir por ello con compromisos legalmente contraídos.

“Los recursos recortados a los colegios ascienden a los $80.000 millones  mientras que el mayor costo de aumentar la gratuidad en educación superior al 60% es de $225.000 millones, lo que deja en evidencia que los recursos de la asignación por gratuidad no fueron destinados a salud o inversiones”, señala el investigador de LyD.

Las críticas a la glosa en la gratuidad en educación

El uso de la glosa en la gratuidad universitaria durante 2015 y 2016 en la ley de presupuesto fue duramente criticado por diversos rectores y especialista.

Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, aseguró que “todos sabemos -incluidos los ministros respectivos- que la glosa fue una medida impulsada por una urgencia, digamos, política. Repetir luego de un año una medida de urgencia -reiterar los mismos errores y los mismos tropiezos en su gestión-  no tendría ninguna justificación. Ni la ministra de Educación, ni el ministro de Hacienda pueden permitirse, sin sacrificio de su prestigio, luego de un año de experiencia y de meditación, repetir errores que pudieron justificarse sólo una vez -una vez; pero no dos-  por la urgencia”.

Su colega de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, dijo que no le parecía “transitar una reforma tan profunda vía glosas en una ley de presupuesto, porque la educación superior se merece un tratamiento justo y adecuado, nos merecemos una ley para discutir los temas de educación superior y no una glosa presupuestaria”.

 

Fuente: ellibero.com

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