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La “letra chica” del reajuste a los funcionarios públicos: Crecen los bonos, aguinaldos, aportes y regalías

Si en el reajuste del año pasado el 49% del aumento de los recursos se destinaron a bonos y regalías -adicionales al sueldo-, esta vez el gobierno lo subió al 59%, lo que significan US$800 millones adicionales. Por ejemplo, el costo total del bono de término de conflicto pasó de $58 mil millones a $131 mil millones.

Una sonriente Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, firmando un reajuste salarial nominal de apenas 2,5% con el Gobierno es una imagen poco común en las negociaciones que ella ha liderado férreamente durante años.

Con esa firma, el Ejecutivo acumuló un reajuste de remuneraciones para los funcionarios públicos de 1,6% real en cuatro años, la menor cifra de los últimos tres períodos presidenciales, siendo la del primer gobierno de Michelle Bachelet la más alta con un 10,8% de reajuste real, seguida del 8,6% de Sebastián Piñera.

“En una negociación como esta, que tiene carácter anual, uno no puede medir solo cómo lo hizo un tipo de Gobierno, cuánto fue el aumento, eso depende también de las condiciones económicas y de la realidad del país”, argumentó Figueroa para respaldar el acuerdo.

Pero ¿cómo fue posible que el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, lograra el consentimiento de la dura negociadora comunista con una cifra tan baja, y casi tres veces inferior al 6% que exigían los funcionarios públicos?

La militancia de Figueroa en un partido de la Nueva Mayoría (el PC) no es razón suficiente para entender su respaldo al reajuste, sino que se esconden una serie de “letras chicas” en el acuerdo firmado este lunes, y que significan millonarias regalías otorgadas por el Gobierno a los empleados del Estado.

La letra chica del reajuste: importantes bonos y regalías

Hay un dato revelador sobre el verdadero costo de este “paquete”: Pese a que el reajuste fiscal de 2,5% es inferior al 3,2% del año pasado, paradójicamente le costará al erario fiscal US$50 millones más.

Es decir, de los US$1.560 millones que costó el aumento de sueldos que gestionó el ministro Rodrigo Valdés el año pasado, ahora Eyzaguirre subió la apuesta y desembolsará US$1.610 millones.

La explicación hay que encontrarla en el desglose de los números. Por ejemplo, si el año pasado el aumento de los sueldos equivalía al 51% de todos los recursos, y el restante 49% se destinó a bonos, aportes, aguinaldos y regalías, la situación de este año es completamente diferente.

Ello, porque los anexos al sueldo, como las mencionadas regalías y bonos, significan el 59% del reajuste fiscal, mientras los sueldos se quedan con el 39% de los fondos públicos. Eso se traduce en US$800 millones más en dichos bonos, respecto de lo acordado el año pasado.

En una especie de “ofertón” de bonos, el Fisco incrementó fuertemente el que se entregará por “término de conflicto”, pasando de los $58 mil millones del año pasado a los $131 mil millones, el de vacaciones (de $91 mil millones a $96 mil millones), de Fiestas Patrias (de $58 mil millones a $61 mil millones), de Navidad (de $42 mil millones a $44 mil millones).

También se incrementa el bono de escolaridad, de nivelación, los bonos de invierno y Navidad y Fiestas Patrias para pensionados, bonificaciones extraordinarias para enfermeras, matronas y enfermeras-matronas, asignación de zona, desempeño laboral a asistentes de la educación y los aportes al servicio de bienestar.

Cecilia Cifuentes, investigadora del ESE Business School, plantea que no le parece una forma apropiada legislar una materia tan importante, ya que debe considerarse que cada año el reajuste a los funcionarios es la ley de mayor costo.

“Con esta política de dar los beneficios a través de bonos, aguinaldos y otros, se pierde transparencia en la discusión, y además se avanza en una política de remuneraciones inapropiada, en que más de la mitad del sueldo no es sueldo propiamente tal, sino otro tipo de regalías, no imponibles, y con menor control en términos de su comportamiento año a año”, sostiene Cifuentes.

El polémico acuerdo para impedir despido de funcionarios

El protocolo de acuerdo tiene un polémico punto tres del capítulo II que establece que “el Gobierno ingresará a la brevedad y con urgencia, un proyecto de ley orientado a normar el procedimiento de ingreso, renovación y no renovación de los funcionarios a contrata normados por el Estatuto Administrativo, en línea con lo señalado en los instructivos del Ministerio de Hacienda sobre la materia”.

En una declaración pública de la ANEF especificaron que se acordó con el Ejecutivo “la implementación de mesas técnicas con plazos definidos, para la aplicación de la política de cuidado infantil, diseño de estabilidad laboral para el personal a contrata y restricción al contrato del personal de honorarios, tutela laboral y bono post laboral”.

Fuente: ellibero.cl

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